Una Necesidad Invaluable: El Agua

15 años de protestas, violencia y sufrimiento en la ciudad de Cochabamba, todo por un recurso que debe ser gratis para todas las personas, un bien público: el agua. Al final de 1999, el gobierno de Bolivia, el cual fue representado por Hugo Banzer, vendió los derechos al agua municipal a los intereses internacionales para obtener un préstamo del Banco Mundial y el FMI. En Cochabamba, la compañía de agua y aguas residuales, Semapa, fue vendida a un consorcio internacional llamado Aguas del Tunari, compuesto de compañías de los Estados Unidos, España y Bolivia. Cuando el agua estaba en manos de compañías privadas, los precios del agua inmediatamente aumentaron entre 30 y 300 porciento. Indignado, el público golpeó las calles.

            Durante estas oleadas de privatizaciones, el gobierno hizo más para proteger las compañías que ahora tienen control sobre el agua, en vez de proteger a los ciudadanos de las subidas de precios. El parlamento boliviano aprobó la Ley 2029, la que permitió a las compañías cobrar para el uso de acuíferos públicos. Con el pasaje de esa ley, las compañías pueden “cobrar por el agua que los vecinos obtuvieran de sus pozos, del río o incluso recogieran de la lluvia, y que si éstos no pagaban estaba autorizada a desahuciarles y quedarse con sus casas” según el artículo de El País. Una vez que los ciudadanos se dieron cuenta de lo que esto significaba, ellos protestaron en las calles y encontraron la resistencia de la policía y el ejército con el gas lacrimógeno y luego disparos de francotiradores. El conflicto entre el pueblo y el gobierno significa una lucha que continuaría durante una década y media.

Así que atrapados con su propia realidad, los cochabambinos no se dieron cuenta de que esto estaba ocurriendo en otros países, no solo ocurriendo en Bolivia. La privatización de recursos públicos es un problema mundial, ocurrió en Sudáfrica, Inglaterra, Perú, países desarrollados que aún lucharon contra intereses privados. Pero la gente que representa cada lado de este problema muestra el problema sistémico: los ricos que están a favor de la privatización están restringiendo un recurso sin el cual ellos mismo no podrían vivir, y ellos están tomando esos recursos fuera de las manos de los pobres. Además, las compañías privadas se están aprovechando de los países que todavía tienen dificultades financieras y explotando los precios de recursos naturales, los cuales son necesidades.

Yo entiendo la posición del gobierno de Bolivia, pero hay otras opciones. Marcela Olivera, una activista para el agua, “advierte que este tipo de privatización no viene sólo a través de las multinacionales, sino que también llega a través de los gobiernos, que empiezan a externalizar servicios o utilizar para otros fines estas fuentes de agua para consumo humano.” Sí, yo reconozco las opciones limitadas para un gobierno, sin embargo, el gobierno necesita reconocer las opciones más limitadas de sus ciudadanos. Un gobierno existe para servir las necesidades de sus ciudadanos, no para limitar las necesidades de sus ciudadanos.

Al final, para mí es claro que la privatización del agua sea una pendiente resbaladiza que hace más daño que bien a ciudadanos como los cochabambinos. La privatización del agua no sólo es dañina para la población, es perjudicial a la económica también. Por ejemplo, si los granjeros no pueden permitirse el agua que necesitan para cultivar la tierra, no pueden exportar los cultivos y contribuir al PIB y la económica del país. La salud pública también se ve afectada porque agua sucia conduce a problemas de salud y el bienestar de la comunidad está amenazado—conflicto constante no es útil para el progreso. Por el bienestar de las relaciones entre un gobierno y sus ciudadanos, no pueden vender los derechos a su agua porque el agua es vida y la vida no debe ser algo que se no puede permitirse.